Cámara al Hombro - Charrúa: pueblos amerindios en Uruguay
Los charrúas fueron un conjunto de pueblos amerindios que habitaban en los territorios del actual Uruguay, pero con el pasar de los años este grupo étnico ha desaparecido por circunstancias que aún pocos conocen.
akm/msf
Nacional | Martes 10 • Noviembre • 2015
Indios en un país sin indios
Columna de opinión.
En la década de 1980 Uruguay era el único país de América del Sur que no contaba con grupos indígenas que vivieran en su territorio, identidad que se apoyaba en el “exterminio” ocurrido durante la primera mitad del siglo XIX, y cuyo hito fundamental era Salsipuedes, matanza ocurrida en 1831. Ya en 1925, el Libro del Centenario (publicado por el Ministerio de Instrucción Pública) subrayaba que Uruguay era “la única nación de América que puede hacer la afirmación categórica de que dentro de sus límites territoriales no contiene un solo núcleo que recuerde su población aborigen”. Años después, el investigador brasileño Darcy Ribeiro (1969) lo incluía dentro de la “configuración histórico-cultural de Pueblo Transplantado”, formada por poblaciones venidas de Europa y que habían mantenido su perfil étnico, su lengua y su cultura. Tal vez la única referencia disonante la daba Eduardo Acosta y Lara, quien había encontrado en Tacuarembó descendientes del cacique charrúa Sepé, además del registro histórico de guaraníes misioneros en archivos eclesiásticos realizado por Rodolfo González Rissotto y Susana Rodríguez Varese.
Sin embargo, a fines de esa década, y paralelamente al inicio de estudios genéticos que abren interrogantes acerca de aportes no europeos (como el realizado sobre la “mancha mongólica”), comienzan a organizarse descendientes de indígenas, de charrúas primero, y de diversos grupos étnicos más tarde. Inicialmente, era requisito declarar la existencia de algún ancestro indígena, aunque la determinación de la etnia a la que pudiera haber pertenecido fuera generalmente dudosa. En 1997, en la Encuesta Nacional de Hogares (Instituto Nacional de Estadística) 0,4% de la población (extrapolando, unas 12.000 personas) se declaró de “raza” indígena o “indígena-blanca”. Estudios genéticos en un grupo de descendientes de indígenas mostraron que, en promedio, tenían 12% de genes indígenas, lo que equivaldría a poseer un bisabuelo indígena; curiosamente, en una muestra de población tomada al azar en Tacuarembó, el porcentaje de genes indígenas fue casi del doble.
Actualmente, el Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) incluye no sólo descendientes sino personas que adoptan como identidad principal la indígena. Sin entrar a discutir la adscripción étnica en cuanto al grupo (considero que, hoy en día, luego de más de un siglo de ruptura, la determinación de la etnia de origen puede ser un ejercicio restringido sólo a unos pocos), ser indio en Uruguay es una realidad. En el Censo de 2011, 2,4% de la población uruguaya declaró la ancestría indígena como principal, y casi el doble (4,5%) señaló poseer al menos un ancestro indígena, cifras que son, sin embargo, muy bajas, ya que, como se dijo, por lo menos un tercio de la población posee origen indígena por línea materna (análisis de ADN mitocondrial), variable en distintas regiones del país.
A partir de lo expuesto se debe subrayar dos aspectos: por una parte, la discordancia entre la ancestría aceptada y los datos genéticos; por otra, qué significa ser “indio” en Uruguay. Ambos aspectos pueden resumirse en uno, relacionado a la ruptura entre el pasado y el presente, el ocultamiento y la falta de referencia sobre ancestros no europeos, la lejanía en el tiempo, y tal vez el hecho de que el aporte indígena provenga fundamentalmente por vía femenina; la conjunción de estos elementos redunda en la invisibilidad de los indígenas a partir de Salsipuedes. Por otra parte, ser “indio” en América tiene más de un significado. En muchos países andinos, donde las etnias indígenas priman por sobre el resto de la población, indio se considera solamente a aquél que “vive” como indígena: habla una lengua nativa, viste ropas tradicionales y habita en una comunidad indígena. Sin embargo, no es el único criterio; por ejemplo, en América del Norte depende de los datos genealógicos, es decir, de poseer ancestros de una etnia indígena. Incluso en este último caso existe un doble criterio, ya que para distintas tribus la pertenencia no depende de poseer un ancestro sino también de cómo se transmita esa pertenencia (por ejemplo, patrilineal o matrilinealmente). ¿Es Uruguay diferente? ¿Por qué debiera utilizarse el concepto “andino” de indio y no este último?
Es claro que en Uruguay, como en otras partes, se ha producido una ruptura con el pasado, por la que se han perdido lenguas, costumbres y otros elementos culturales imposibles de recobrar. Esto dificulta la determinación de la existencia de ancestros indígenas, algo que está demostrado por el hecho de que sólo 4,5% de la población los reconoce, mientras que más de un millón de personas (un tercio) son descendientes de indígenas pero lo ignoran. Una naciente nueva identidad nacional, basada en el reconocimiento de las minorías y en la revisión histórica, unido a estudios científicos que revelan ancestrías diversas, puede colaborar para recobrar la rica diversidad poblacional de Uruguay.
La autora
Mónica Sans es licenciada en Ciencias Antropológicas con especialización en Prehistoria y Arqueología (Universidad de la República, Udelar); magíster y doctora en Ciencias Biológicas con especialización en Genética (Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, Pedeciba-Udelar); profesora titular y directora del Departamento de Antropología Biológica y coordinadora del Instituto de Ciencias Antropológicas (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar); investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (Agencia Nacional de Investigación e Innovación) y del Pedeciba; codirectora del Polo de Desarrollo Universitario Diversidad Genética Humana (Centro Universitario de Tacuarembó-Udelar); y asesora de proyectos internacionales. Fue directora de la Licenciatura en Biología Humana (Udelar), presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología Biológica, de la Sociedad Uruguaya de Genética, y de distintos comités editoriales en el extranjero.
Jueves 29 de octubre de 2015 - 10:49 hs.
Consejo de la Nación Charrúa pide 2.000 hectáreas y la coadministración de los cementerios indígenas
Integrantes del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) piden se cumpla el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales y les den 2.000 hectáreas en el norte del país y la coadministración de los cementerios indígenas.
El Convenio 169 de la OIT que refiere al tema del respeto y reconocimiento cultural, de la educación y salud intercultural y de la consulta a las comunidades indígenas sobre los proyectos de desarrollo que les afecten, no fue ratificado por el Estado uruguayo “debido a su tradición negacionista con los pueblos originarios”, según publica la web del Conacha. Además, puntualiza que desde 2005 la organización viene luchando por su ratificación e implementación.
En ese sentido, el corresponsal de RNU en Tacuarembó, Jorge Saavedra, destacó que el Conacha solicita se cumpla con la ordenanza que determina que los pueblos originarios deben tener tierras para vivir en comunidad, establecerse para que la raza siga manteniéndose y, en ese marco, reclaman las 2.000 hectáreas de campo en la zona donde se produjo la Batalla de Salsipuedes, en el límite entre Paysandú y Tacuarembó.
Daniel Delgado, integrante del Conacha, explicó que solicitan que se le entreguen esas tierras porque, además de estar establecido internacionalmente, les pertenecen. “Muchos de los problemas de vivienda, falta de territorio y necesidad de las familias charrúas se resolvería con esas hectáreas”, indicó.
Además, Delgado explicó que solicitan la coadminsitración de los cementerios indígenas que están a la entrada de Valle Edén. “Nosotros queremos una cogestión de las comunidades en conjunto con el Estado para la preservación del patrimonio indígena”, acotó.
El Conacha, integrado por diez organizaciones y comunidades de diferentes puntos del Uruguay, “tiene como objetivos visibilizar el tema indígena, lograr el incremento de personas que se reconozcan charrúas, crear alianzas con otros actores de la sociedad civil y revalorizar la cultura”, según informa su web.
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Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFotos
Descendientes de charrúas reclaman en Uruguay reconocimiento constitucional
Buscan tener la propiedad legítima de cerca de 2.000 hectáreas al norte del Río Negro
El reconocimiento constitucional es uno de los reclamos de los descendientes uruguayos de los charrúas, un pueblo indígena que en 1831 sufrió una matanza a manos del Ejército nacional y algunos aliados vecinos y del que según el último censo del país dice proceder en torno al 5% de la población.
Una de las pugnas entre el Gobierno y el Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) -su principal órgano de representación, que tiene alrededor de un millar de miembros, según su titular- es por la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un instrumento jurídico internacional y vinculante sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.
El artículo 14 de dicha convención señala que "deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan" y, en los casos apropiados, salvaguardar el derecho de los mismos "a utilizar tierras (...) a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia".
En ese sentido, los objetivos que se fija el Conacha son "unas 2.000 hectáreas" de territorio ubicado al norte del Río Negro, entre los actuales departamentos de Tacuarembó, Salto y Paysandú (en el norte y noroeste del país), dijo a Efe Martín Delgado, presidente del Consejo de la Nación Charrúa.
Según explicó, esos dominios se destinarían a la protección de sus cementerios y "patrimonio milenario", así como a fomentar el desarrollo de su cultura haciendo que esa extensión sea habitada por familias de ascendencia charrúa.
Delgado reconoce que las conversaciones con el Gobierno tuvieron un "cierto avance" cuando en septiembre del año pasado el excanciller uruguayo y actual secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, reconoció la responsabilidad del Estado en el exterminio de los charrúas.
La cesión de la soberanía de esos territorios por parte del Estado uruguayo, algo sobre lo que estaría obligado a legislar en caso de ratificar el Convenio 169 de la OIT, es uno de los motivos que más ha frenado las negociaciones, según Delgado.
Por su parte, Nelson Loustaunau, encargado de la asesoría de Relaciones Internacionales del Ministerio de Exteriores y antiguo subsecretario de Trabajo, señaló que su ratificación está "estancada" dado que varios agentes sociales y el Estado consideran que en Uruguay no se cumplen las características del Convenio 169, cosa que sí se da en otros países de la región, destacó.
Según Delgado, el Ejecutivo les dice que el artículo 14 provocaría "problemas con las gremiales agropecuarias", algo que "intuye" como una artimaña coercitiva por parte del Gobierno dado que no han recibido ninguna queja en ese sentido por parte del sector, uno de los más fuertes de la economía uruguaya.
"Más allá de que sea para desanimarnos, nosotros vamos a avanzar porque estamos concienciados del proceso de recuperación cultural que llevamos desde 1989 (año de la redacción del Convenio), y el tema de un espacio para ello es sumamente importante", dijo el titular del Conacha.
Una de las personas que más ha estudiado el origen étnico de este país suramericano es el antropólogo de 95 años Daniel Vidart, quien fue experto de la UNESCO en Investigación Sociocultural y que forma parte de la Academia Nacional de Letras de Uruguay.
Ante las peticiones del Conacha y en la misma línea apuntada por Loustaunau, Vidart se mostró muy crítico a través de las redes sociales acerca de esos reclamos territoriales al destacar que para que se pueda aplicar el Convenio 169 de la OIT deben darse las dos condiciones: indígenas y tribales.
"Además, han de tener una cultura y modo de vida diferentes al resto de los habitantes del país" en cuanto al estilo tradicional de vida, la forma de subsistencia, el idioma, la organización social y unas instituciones políticas propias, añadió.
El antropólogo subrayó en su mensaje en las redes sociales que en "ningún momento" el convenio habla de "descendientes que viven incorporados a la cultura general de un país".
"El movimiento Charrúa no es una moda y vamos a seguir luchando. El tema es si el Estado va a dar respuesta a una realidad social que existe o si va a seguir dejándolo correr", aseveró Delgado.
Una consejera del Ministerio de Exteriores en Asuntos Indígenas, Mónica Michelena, señaló a Efe que, en su opinión, Uruguay se "conformó en base a un genocidio que todavía no ha sido reconocido de forma oficial".
Para ella, la conocida como "matanza de Salsipuedes", perpetrada el 11 de abril de 1831 por el primer presidente constitucional uruguayo, Fructuoso Rivera, con ayuda del general argentino Juan Lavalle y del brasileño José Rodrigues Barbosa, fue una "campaña de limpieza" de un pueblo que no se cristianizó y que suponía un obstáculo al "modelo de país que quería desarrollar Rivera".
Fuente: EFE
Nacional | Jueves 29 • Octubre • 2015
¿Quién es descendiente indígena en el siglo XXI?
Columna de opinión.
1. El genocidio
Al año siguiente de creado el Estado Oriental del Uruguay, se orquestó en abril de 1831 la principal matanza de indígenas charrúas y la disolución de su modo de vida en la acción llamada Salsipuedes, nombre sórdido del paraje entre dos ríos donde fue ejecutada. Cuando Fructuoso Rivera asumió el 6 de noviembre de 1830 como primer presidente se le había planteado la necesidad imperiosa de consolidar el naciente territorio independiente. Unánime era en ese momento que la zona del norte del río Negro estaba sumida en la anarquía absoluta, asolada por delincuentes, forajidos y gente que vivía del saqueo de estancias, robo de ganado y asesinato de hacendados y empleados rurales. Esta población al margen de la ley se aprovechó de la ausencia de autoridad y del vacío de poder del período revolucionario; casi todos los delincuentes se guarecían en las tolderías charrúas que no solamente los acogían, sino que participaban activamente en los ataques.
La situación de inseguridad y miedo pasó a ser percibida, correctamente, como el principal problema que debía resolver la novel república. Toda la clase política de la época, los hacendados y sus empleados, la sociedad urbana y rural en su conjunto, exigían la solución al problema. Rivera partió a pacificar la campaña con un objetivo claro: “que se procure con toda eficacia limpiar la Campaña de bandidos y ladrones, que la están infestando con perjuicio del orden público, y de la seguridad de las personas y la propiedad; que se contengan los salvajes y se les reduzca al verdadero estado en que deben conservarse”. La disolución de las tribus de charrúas-minuanes por un lado y la asimilación de los guaraníes por la iglesia católica por el otro, dejaron un país sin territorios indígenas y con indígenas que rápidamente fueron obligados a mezclarse con la población blanca y perdieron todo rasgo de identidad. El “problema indígena” estaba resuelto y el país neonato se ufanaba de que aquí ya no existían.
2. El blanqueamiento
Durante la mayor parte de la vida independiente del Uruguay, la idea predominante fue la de un país sin negros, sin indios, formado por los “descendientes de los barcos”, fundamentalmente españoles e italianos. La trilogía antes soñada (y hoy caduca) de un Estado nacional con una cultura occidentalizada, una nación de mayoría dominante blanca y cristiana y un lenguaje común, el español, parecía bastante lograda en este pequeño país cuando se lo comparaba con otros sudamericanos. Bajo la ideología de la necesaria homogeneidad cultural y demográfica del Estado, primero se eliminó a los indios y después se invisibilizó a los negros. Este intento de blanqueamiento no fue exclusivo de Uruguay: se repitió en todos los países latinoamericanos, desde Brasil a México, con Estados-nación dominados por elites blancas y europeizadas. “El proceso de blanqueamiento fue consecuencia del orgullo nacional herido, asaltado por sus dudas con respecto a la capacidad económica, industrial y civilizatoria”, “fue ante todo una manera de racionalizar el sentimiento de inferioridad racial y cultural instaurado por el racismo científico y el determinismo geográfico del siglo XIX”, sostiene Antônio Guimarães en Racismo e anti-racismo no Brasil.
Luego de la llamada tercera ola de democratización de los años 80 y la celebración de los 500 años de la conquista de América, se fortalecieron a lo largo de la región movimientos tanto de indígenas como de afrodescendientes contra este racismo histórico. Entre las consecuencias, el diseño de nuevas Constituciones en casi todos los países, en las que explícitamente se hace referencia a la multiplicidad de naciones, pueblos, o culturas que conforman los estados. En este sentido Fernando Vizcaíno afirma con razón, en su artículo “Estado multinacional y globalización”, que “entre los grandes cambios recientes de las ciencias sociales […] el primero consiste en el surgimiento de un pensamiento que asume el carácter multinacional del Estado en oposición al paradigma predominante del Estado-nación”.
3. El neoindigenismo
En los comienzos del siglo XXI reemerge en Uruguay la cuestión indígena. Hay actualmente cerca de diez grupos organizados de descendientes de indígenas charrúas que buscan rescatar el legado charrúa mediante su idioma, su música, su estilo de vida y su ayuda en la revolución independentista; participan, además, en foros oficiales internacionales y son reconocidos por el propio Estado uruguayo. Algunos de estos grupos son: Asociación de Descendientes de la Nación Charrúa (Adench), Basquadé Inchalá y Grupo Sepé, situados en Montevideo; Guyunusa en Tacuarembó, Grupo Berá en Paso de los Toros, y el Grupo Pirí en Tarariras. Además está el Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), una asociación que incluye a todos los grupos anteriores menos a Integrador Nacional de Descendientes Indígenas Americanos (INDIA). La última reivindicación de estos grupos es que Uruguay firme la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, para, inmediatamente, plantear la disputa por tierras.
Una acumulación de hechos relativamente recientes (la aparición de grupos de descendientes, el impacto de libros sobre el genocidio charrúa, la realización de estudios académicos sobre la presencia de sangre indígena en la población, encuestas sobre ascendencia) ha ido cambiando la manera en que se autopercibe parte de la población y ha transformado la forma en que el Estado entiende este tema. Por eso en 2009 se creó la Ley 18.589, que declara “el día once de abril de cada año Día de la Resistencia de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena” y establece “el reconocimiento del aporte y la presencia indígena en el proceso de nuestra conformación nacional”. El censo de 2011 registra 5% de población nacional que dice tener “ascendencia indígena”, con algunas zonas, como los departamentos de Tacuarembó y Salto, donde los porcentajes suben a 8% y 6%, respectivamente.
Las asociaciones de descendientes de indígenas en Uruguay han adoptado como criterio suficiente la autoidentificación de la persona como descendiente. Apenas con la comunión con la causa indígena y el sentimiento de pertenencia a un pasado común, cualquiera puede pasar a formar parte de alguna asociación de descendientes de indígenas. No se exige, por lo tanto, demostrar cierta continuidad en el tiempo con una comunidad existente, ni tener filiación con antepasados indígenas, ni presentar rasgos fenotípicos indígenas. En algunos casos puntuales pueden darse estas tres características juntas, como en Bernardino García, bisnieto del cacique charrúa Sepé, pero esto en Uruguay es extraordinario. El censo siguió esta norma y la pregunta por la ascendencia es un paralelo de la autoidentificación. Contrasta, pues, la definición de quién es indígena en Uruguay con la manera de responder esta cuestión, por ejemplo, en Bolivia. El censo boliviano de 2001 utilizó tres criterios para esto: la autoidentificación, la alfabetización en lengua indígena y el conocimiento de una lengua indígena. En Uruguay no hay comunidades indígenas viviendo en territorios demarcados, ni existe para el caso de los charrúas un idioma conocido: los charrúas hombres fueron exterminados y las mujeres y niños restantes, mezclados con la población urbana de Montevideo a comienzos del siglo XIX.
Hasta ahora la autoidentificación según la ascendencia no ha tenido consecuencias prácticas o legales, más allá de la creciente visibilidad de la cuestión indígena. Pero, ¿qué pasará si se llega al punto de exigir el otorgamiento de tierras a quienes se autodefinen como tales, derecho garantizado por la Convención 169? ¿Cómo se determinará quiénes son los sujetos de ese derecho y de sus beneficios económicos? Si basta apenas con la autoidentificación, ¿no se convertirán muchos en descendientes indígenas de la noche a la mañana para lograr algún beneficio?
El presente es confuso, puesto que no hay agrupaciones de descendientes de guaraníes y sí de quienes se autoperciben como descendientes de charrúas, y son éstos los que han logrado la mayor movilización política, los que han sido reconocidos formalmente por el Estado y tuvieron éxito en que se haya aprobado la mencionada Ley 18.589.
Hay mucho para discutir. Lo que parece absurdo es querer ignorar todos estos cambios y continuar con la letanía de que la cuestión indígena en Uruguay no es cuestión. Nadie, desde el Olimpo y sin escuchar a los involucrados, puede arrogarse el derecho (arrogante) de laudar quién es y quién no es descendiente de indígenas. Y el ser indígena en el siglo XXI, obviamente, en Uruguay, Guatemala o donde se quiera, es completamente diferente de lo que era a comienzos del siglo XIX, porque la identidad es siempre una construcción, una invención desde el presente, con internet, radio, Facebook y sí, por qué no, hasta con ojos azules.
Felipe Arocena
Sociólogo, profesor titular del Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar. Dirige el Programa de Investigación sobre multiculturalismo, diversidad cultural y sociología de la cultura: www.multiculturalismoenuruguay.com.
PIDEN CEMENTERIOS INDÍGENAS Y TIERRAS AL NORTE DEL RÍO NEGRO
Los charrúas reclaman al Estado 2.000 hectáreas
Con 2.000 hectáreas de campo y el control de todos los cementerios indígenas, "se terminan todos los problemas entre el Estado uruguayo y los descendientes de los charrúas". Así lo afirmó a El País el vocero del Consejo de la Nación Charrúa (Conacha), Martín Delgado Cultelli.
PABLO MELGAR27 oct 2015
El activista charrúa sostiene que los reclamos del Conacha "tienen el respaldo de la comunidad internacional", a través del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fue firmado por el gobierno uruguayo (aunque aún no fue ratificado).
Uruguay, de hecho, es el único país de América del Sur que hasta ahora no lo ratificó.
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El Consejo de la Nación Charrúa reinvindica, en particular, tierras de los departamentos de Salto y Tacuarembó donde habitaban los indígenas.
El artículo 26 del convenio dice: "Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido", recuerda la organización.
Delgado Cultelli sostuvo que, con unas 2.000 hectáreas, quedarían conformes.
Denuncia.
A juicio del vocero del Consejo, la ratificación del convenio no ha prosperado, en parte, por las presiones que ha ejercido, entre otros, el antropólogo Daniel Vidart.
"Vidart tiene contactos en el gobierno y ha movido los hilos para frenar los reclamos. Este hombre hace mucho que nos critica con mucha falta de respeto. Es racista y con sus vínculos enlenteció el reconocimiento del Convenio 169", dijo.
Los indigenistas presentaron ante la Institución Nacional de Derechos Humanos una denuncia por "discriminación racial y difamación" contra el antropólogo, quien días atrás realizó fuertes críticas a los reclamos de estas organizaciones.
El experto criticó a la delegación charrúa que participa en los Jogos Mundiales Indigenas que se desarrollan en Brasil. Dijo a El País y otros medios que los participantes "no son charrúas" ya que son un grupo de gente que vive separada y que "se reúne para ponerse plumas".
Además, Vidart calificó las demandas de tierras, por parte de la Conacha, de viveza criolla.
"Vidart vio muchos charrúas en los medios y salió a hacer un ataque reaccionario. Somos descendientes de guerreros y no vamos a aceptar pasivamente estos insultos", dijo Delgado a El País.
"Derecho sagrado".
El convenio 169 otorga derechos territoriales y culturales a los pueblos originarios. Entre otros, prevé que la propiedad intelectual de los conocimientos sobre "medicina natural" o el uso de flora autóctona pertenezcan a las comunidades.
"Hay que reconocer que se cometieron crímenes de lesa humanidad contra el pueblo charrúa. Una forma de saldar la deuda histórica es devolviendo territorios sagrados. Los cementerios indígenas podrían ser un espacio de presErvación del patrimonio ancestral. Allí podrían vivir familias charrúas que se podrían dedicar a cuidar esos lugares", afirmó el vocero.
En el Conacha creen que se podrían beneficiar unas 70.000 personas que en el último censo declararon ser descendientes indígenas. En los próximos días pedirán una entrevista al presidente Tabaré Vázquez para analizar el asunto.
Un árbol que hace espuma
El Convenio 169 de OIT prevé que se dará prioridad a la propiedad intelectual de los indígenas. Al respecto, el vocero de Conacha, Martín Delgado, ejemplificó que "los charrúas de Valle Edén usan hojas del árbol el Palo de Jabón (quillaja brasiliensis) que al ser agitadas generan espuma y pueden servir para lavar ropa.
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Documento de identificacion personal:
1999-01058-0101 Guatemala,
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ORDEN: A-1, REGISTRO: 825,466,
Ciudadano de Guatemala de la América Central.
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